di Ramy Wurgarft
El anuncio de la expropiación de YPF estaba programado para el mediodía del jueves 12 de abril. Pero minutos antes Cristina Kirchner tuvo una crisis de prudencia y decidió postergarlo. La presidenta pensó que no sería conveniente asistir a la Cumbre de las Américas, que tendría lugar el sábado 14, con un fardo tan pesado a cuestas. Además, le entró la duda de si el Estado argentino sería capaz de indemnizar a Repsol, el principal socio de Ypf, por la pérdida de sus acciones en la petrolera.
El ánimo de Cristina oscilaba entre dos polos; el del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, partidario de buscar una salida pacífica al conflicto con los españoles y el de Axel Kicillof, quien ardía de impaciencia por desenfundar la pistola. Finalmente, el criterio –para algunos la falta de criterio- del impetuoso viceministro de Economía se impuso al de su tímido colega. Axel sacó la calculadora del bolsillo y le demostró a Cristina que restando los dividendos que Repsol había obtenido en Argentina, de lo que había pagado en 1999 por adquirir el 97,8% del capital accionario de Ypf, la operación daba cero. Hasta un niño podía entenderlo: la empresa que dirige Antonio Brufau pagó 13.200 millones de dólares por su ingreso a la petrolera y a partir del año 2.000 giró 15.700 millones de dólares en dividendos. La aritmética del gurú económico fue el empujoncito que necesitaba Cristina para saltar a las quietas aguas (según Kicillof) de ese remanso.
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